Las acciones de garantía constitucional existen para proteger derechos y controlar el ejercicio del poder cuando una situación afecta directamente la Constitución. En el Perú, las más conocidas son el hábeas corpus, el amparo, el hábeas data, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad.
La acción popular permite cuestionar normas de rango infralegal cuando contradicen la Constitución o la ley. Puede dirigirse contra reglamentos, decretos, resoluciones, ordenanzas u otras disposiciones administrativas de carácter general.
El amparo es uno de los procesos constitucionales más importantes para proteger derechos fundamentales distintos a la libertad individual y al acceso a información o datos personales. Puede usarse frente a actos, omisiones, decisiones o normas que vulneran derechos constitucionales.
La acción de cumplimiento busca que una autoridad o funcionario cumpla una norma legal o ejecute un acto administrativo firme. También puede servir para exigir que se pronuncie cuando una norma le ordena emitir una resolución o reglamento.
El hábeas corpus protege la libertad individual y los derechos conexos. En la práctica, puede ser relevante frente a detenciones arbitrarias, amenazas de detención, retenciones, desapariciones, incomunicación, impedimentos de tránsito u otras situaciones que afecten directamente la libertad personal.
El hábeas data protege dos grandes ámbitos: el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa. Esto último incluye situaciones vinculadas con datos personales: rectificación, actualización, supresión, oposición, reserva o tratamiento indebido de información.
La acción de inconstitucionalidad permite controlar normas con rango de ley que contradicen la Constitución. Es una herramienta fuerte dentro del sistema constitucional, pero tiene una característica clave: no cualquier ciudadano puede presentarla directamente.